Documentos
Informe
sobre la represión en Cuba en 2004
(Entregado
al canciller español el 30 de diciembre de 2004)
Durante el año 2004, la tiranía cubana se reorganiza de cara a la opinión pública internacional. Las calculadas sanciones a los opositores y miembros de la sociedad civil acaecidas en abril de 2003, originaron una ola de repulsa internacional en la que no poco ha tenido que ver el exilio cubano.
Es por ello que durante 2004 el gobierno de la isla retoma su vieja práctica de encubrir las sanciones por causas políticas y "delitos" de conciencia, tras el pretexto de condenas comunes.
La aplicación judicial de la llamada Ley 88, pone al descubierto cualquier procedimiento represivo por motivaciones políticas, no así las supuestas sanciones por delitos comunes, práctica común del estado cubano que niega formalmente la existencia de procesos judiciales por causas políticas. Esto le permite en cierta forma dificultar los procedimientos de los organismos defensores de los Derechos Humanos y sobre todo encubrir sus acciones de cara a la opinión pública internacional.
La inmensa mayoría de los grupos opositores del interior de la Isla y del exilio, coinciden en señalar que la ola represiva sólo ha cambiado de signo. Frente a 14 "liberaciones", -realmente licencias extrapenales que en nada impiden devolver a las celdas a los "beneficiados"- se han desatado en el mismo período de tiempo 19 nuevas condenas, bajo diferentes pretextos; de forma tal que la cifra de prisioneros políticos y de conciencia asciende en estos momentos a 321 reos verificados por las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos en la isla. Se supone una cantidad al menos similar bajo condenas comunes, inverificables dado el hermetismo de las autoridades y el miedo de los familiares a formular las denuncias.
Según la ilegal Comisión Nacional de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, en estos momentos 51 personas se encuentran en el corredor de la muerte, confinados en celdas de aislamiento, algunos de estos reos han sido condenados a la pena capital por la comisión de delitos contra la seguridad del estado.
Evidentemente la política de rehenes del gobierno cubano, continúa siendo su principal carta de triunfo y pretexto seguro para presionar los intereses geopolíticos e inversionistas en la Isla.
La Plataforma no considera serio ningún esfuerzo de estados a título individual ni de agrupaciones regionales de estados en la defensa de los Derechos Humanos para Cuba, si estos esfuerzos no se discuten, se aprueban en consenso con la oposición interna y el exilio de la nación cubana; toda vez que estas naciones, erróneamente mantienen la legitimación de la dictadura, mediante el reconocimiento legal de la misma en todos los foros bilaterales y multilaterales y transitan hacia la derogación de las tímidas sanciones que desde 1996 se tomaron al amparo de una Posición Común, después de casi cuarenta años de sostenimiento de la única dictadura totalitaria del hemisferio occidental.
Reconocemos el derecho que asiste a cada estado a diseñar su política internacional, en defensa de sus intereses o de colectivos regionales, pero no creemos que se pueda separar de modo alguno la relación entre política y economía -como demostró la petición hecha al gobierno español por la asociación de empresarios inversionistas en Cuba, que pretende establecer una separación entre la defensa de los Derechos Humanos y las inversiones que sostienen a la dictadura-, o que se utilice nuestra difícil lucha como pretexto de apoyo a tales políticas.
Sin un acuerdo concreto, con iniciativas concretas, mesurables y comprometidas públicamente, entre la oposición, su exilio y los estados que participan de esta nueva "reorientación" de la política hacia Cuba, estas responderán casi exclusivamente a los intereses nacionales de tales estados y sus inversionistas; la utilización de las relaciones con la oposición y el exilio cubano, serán sólo circunstanciales. Exigimos la legitimación expresa de las representaciones democráticas de la nación cubana, como mínimo de la misma forma en que los estados se permiten propiciar la autentificación de una tiranía, reconocida como tal.
Disidentes excarcelados desde abril de 2004
1. 14 de abril: Julio Valdés Guevara.
2. 9 de junio: Miguel Valdés Tamayo.
3. 18 de junio: Carmelo Díaz Fernández
4. 18 de junio: Orlando Fundora.
5. 23 de junio: Roberto de Miranda
6. 23 de junio: Manuel Vázquez Portal.
7. 22 de julio: Marta Beatriz Roque.
8. 29 de noviembre: Marcelo López
9. 29 de noviembre: Margarito Broche
10. 29 de noviembre: Oscar Espinosa Chepe.
11. 30 de noviembre: Raúl Rivero Castañeda
12. 30 de noviembre: Osvaldo Alfonso Valdés.
13. 2 de diciembre: Edel José García.
14. 6 de diciembre: Jorge Olivera.
Nuevos juicios y encarcelamientos en 2004
26 de abril:
Diez disidentes son juzgados de forma colectiva en Ciego de Ávila, después de pasar dos años en prisión. El abogado ciego Juan Carlos González Leiva, así como Delio Requejo, Odalmis Hernández y Ana Peláez, son condenados a penas de prisión pero dejados en libertad condicional. El resto del grupo recibe sentencias de hasta siete años de cárcel. 5 de mayo:
Rafael Corrales Alonso, Ricardo Ramos Pereira y José Santana Carrerira son condenados en La Habana a cinco años de prisión el primero y a cuatro años los otros dos, acusados de "alteración del orden público, ultraje y resistencia a la autoridad".
18 de mayo:
Orlando Zapata, Raúl Arencibia y Virgilio Marante son condenados a tres años de prisión cada uno en La Habana, por "desorden público, ultraje y resistencia a la autoridad". Habían sido arrestados el 6 de diciembre de 2002 por haber participado en una reunión de la Fundación Lawton, una organización de defensa de los derechos humanos. El presidente de esa fundación es Oscar Elías Biscet, condenado en 2003 a 25 años de cárcel.
9 de noviembre:
Alexis Triana Montesinos y José Lorenzo Pérez son condenados a 3 años y a 4 meses de cárcel respectivamente, bajo la acusación de provocar daños a establecimientos públicos.
25 de diciembre:
José Díaz Silva, presidente del Partido Nueva República, miembro de la Asamblea para Promover la Sociedad Civil es condenado a 4 años de privación de libertad por un supuesto delito de "peligrosidad". Su detención se produjo el día 7 de diciembre y al asignársele un abogado de oficio invidente, las autoridades policiales se burlaban, increpándole que tendría un juicio "oscuro".
27 de diciembre:
La activista civil Tania de la Torre fue detenida junto a su esposo a la 1:30 AM, se encuentra en espera de las decisiones policiales.
Total de condenados en 2004, incluso durante la actual ronda de contactos entre el gobierno de España y la tiranía cubana: 19 opositores y miembros de la sociedad civil.
